Sólo el reconocimiento social y jurídico del derecho a decidir en libertad sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida hará realidad la igualdad de género sustantiva, expresión verdadera de redistribución de poder entre mujeres y hombres.
Al ritmo del cadencioso debate senatorial sobre aborto, vale conversar acerca de las limitaciones de éste y de su ceguera de género y derechos, que le impide apreciar lo que está ocurriendo en estos instantes en el país y en la región de las Américas.
Las tres causales continúan en cartelera discreta pero fantasiosa, que por una parte las presenta como el desborde incontenible de los deseos perversos de las mujeres, y por otra, como la conquista del derecho a decidir de las mujeres.Sabemos que ni lo uno ni lo otro encaja con la realidad de nuestras vidas y nuestros derechos.
Las causales que incluye el proyecto gubernamental sin duda implicarán un beneficio para un 4% de las mujeres que abortan cada año en Chile, legalizando una práctica médica que jamás debió ser puesta en cuestión desde la dictadura hasta el presente. La primera de las causales nunca dejó de practicarse en los hospitales públicos y en las clínicas privadas, con base en la ética médica o en el principio del doble efecto, artilugio eclesiástico que apacigua conciencias profesionales más preocupadas de la propia salvación que del bienestar y derechos de las mujeres en riesgo. Sobre la segunda causal, se exige infalibilidad diagnóstica acerca de la imposibilidad de vida extrauterina de quien nace. Como podemos apreciar, lo que está en debate legislativo refiere a una violencia estatal llevada hasta el límite con la muerte, ya sea de una o de otro.
Aprobadas las tres causales, Chile habrá rescatado de la ilegalidad problemas que recibirán atención en servicios públicos y privados. Además, la confidencialidad médica como el secreto de confesión, deberá dejar atrás la denuncia y propiciar empatía médica con las mujeres que abortan por infinitas causas.
Pero la aprobación más tarde que temprano de una, dos o tres causales, no alcanzará para poner fin al problema del aborto inseguro en nuestro país, ni para saldar la deuda que tiene nuestra escuálida democracia con todas las mujeres de carne y hueso que habitamos Chile. Mujeres que hemos abortado en el pasado, que abortamos en el presente y que seguiremos abortando por dentro de la nueva ley o fuera de sus márgenes, pese a los riesgos que implicarán médic@s que -como sucede en estos días con la joven Rosa en Los Angeles, Bío Bío -, en lugar de proteger la vida, salud y derechos de las mujeres, continuarán denunciándolas, pervirtiendo el ámbito “hospitalario” en dispositivo de control y violencia policial. Erigiéndose en jueces desde sus carencias humanas.
¿Quiénes son y por qué abortan cada año por fuera de las tres causales miles de mujeres en nuestro país? Como en toda la región, son mujeres jóvenes de diversos estratos socioeconómicos, habitantes de ciudades y de territorios rurales. Son estudiantes, trabajadoras remuneradas o no remuneradas, temporeras, cajeras de supermercados, empleadas de casa particular, secretarias, profesionales, trabajadoras por cuenta propia, “dueñas de casa” con jornada interminable. Sus motivos son sociales, económicos y culturales, en defensa de sus proyectos de vida.
Abortan porque fallaron los anticonceptivos. Abortan porque no usaban anticonceptivos, pero no se sentían capaces de asumir la maternidad no deseada. Abortan porque viven violencia cotidiana de pareja, invisible, que puede llevarlas al suicidio. Abortan porque no cuentan con los recursos para asegurar una vida humana digna a su descendencia. Abortan porque el embarazo ha sido producto de violación conyugal, por familiares o por extraños. Abortan porque definieron un proyecto de vida al que no están dispuestas a renunciar. Abortan porque se saben titulares de derechos y deciden desde su autonomía.
El aborto médico vía mifepristona y misoprostol, otorga mayor seguridad que las sondas, los tallos de perejil o palillos de tejer, y les confiere la posibilidad de prescindir de intermediari@s, controlando el proceso desde su autonomía, con o sin acompañamiento solidario.
Pero no olvidemos que de las 30.000 mujeres que egresan anualmente de los hospitales por aborto, si bien la mayoría ha sido por abortos voluntarios complicados, el 10 a 15% lo es por abortos espontáneos. Sus causas pueden ser alteraciones cromosómicas, pero también, exposición a contaminantes utilizados en industrias como las frutícolas. Los embarazos de esas mujeres son deseados, el uso de plaguicidas les provoca abortos espontáneos. Queda invisible la responsabilidad empresarial en el daño, no es tema del debate.
A pesar de la despenalización social del aborto que discurre en la base de nuestra sociedad superando los debates limitados y cansinos de las elites, lejos estamos de la ampliación de conciencias y libertades en países de la región como Uruguay, México o Estados Unidos que reconocen y validan prácticamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Así ha quedado en evidencia en los últimos días con el fallo del Tribunal Supremo de este último país.
Sólo el reconocimiento social y jurídico del derecho a decidir en libertad sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida hará realidad la igualdad de género sustantiva, expresión verdadera de redistribución de poder entre mujeres y hombres.
Fuente: El Dinamo
