Mujeres víctimas y querellantes del caso Subterráneos de la Plaza de la Constitución, hace casi diez años iniciaron acciones judiciales en búsqueda de justicia y verdad. A pesar de que el primer fallo reconoce la violencia sexual que sufrieron, las penas hacia los carabineros involucrados son demasiadas bajas. “Esta lucha tiene que ver con todas las mujeres que han vivido violencia sexual en dictadura”, expresó una de las víctimas.
“Las mujeres torturadas no nos quedamos calladas”, fue uno de los cánticos vociferados por Patricia del Carmen Herrera y Ana María Campillo, ambas víctimas de violencia y tortura sexual por agentes del Servicio Nacional de Inteligencia de Carabineros (SICAR). Si bien, el primer fallo de la justicia reconoce la violencia sexual cometida, Corporación Humanas junto a las víctimas presentaron un recurso de apelación debido a las bajas penas impuestas.
Esto debido a que el pasado 26 de abril el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó una sentencia por el delito de secuestro agravado de Patricia del Carmen Herrera Escobar y Ana María Campillo, quienes fueron detenidas en 1974 y permanecieron secuestradas y torturadas sexualmente en los subterráneos de la Plaza de la Constitución por agentes del SICAR.
Por tanto, una de las mayores penas fue hacia Manuel Muñoz Gamboa con 5 años y un día de presidio. En cambio, otros ocho involucrados, fueron condenados a sólo 3 años y un día como cómplices, otorgándoseles el beneficio de la libertad vigilada. Pedro Retamal Ortega fue absuelto, por no considerar el tribunal pruebas suficientes de su participación en los hechos.
Es por ello, que Corporación Humanas junto a las víctimas, acudieron a presentar un recurso de apelación debido a que las penas definidas a los responsables resultan ser muy bajas y no se condicen con la gravedad de los crímenes cometidos.
“A pesar de que valoramos que se haya reconocido el delito, hemos decidido apelar y no sólo por nosotras. Esta lucha tiene que ver con todas las mujeres que han sufrido violencia sexual en dictadura y que aún no han presentado querella por sus casos“, expresó una de las víctimas, Ana María Campillo.
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En este mismo sentido, la Presidenta de Corporación Humana, Lorena Fries, afirmó que esperan que se apliquen penas más altas. “Lo que esperamos que se considere de la apelación son tres puntos. El primero, es explicitar que se trata de un crimen de lesa humanidad. Segundo, que no se les considere como cómplices sino como coautores de la acción. Tercero, que se aplique más agravantes. Lo que no le puede pasar a ninguna chilena es que se encuentren con sus torturadores en la calle”, aseguró.
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Para Patricia Herrera Escobar, también víctima, esto es un caso que refleja la realidad de las torturas sexuales que vivían las mujeres en la dictadura y que no se cansarán de buscar justicia. “No pueden decir que esto no pasó. Yo me quedo con la verdad que se estableció (…) seguiremos luchando, nos queda mucha vida. Con Ana María estamos dispuesta a seguir hasta que no nos queden fuerza y aún nos queda mucha”, dijo.
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Ambos testimonios fueron entregados ante la Comisión de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech). Sin embargo, muchas víctimas no se atrevieron a declarar los distintos tipos de violencias sexuales que sufrieron en manos de agentes represivos del Estado. Por lo que este fallo, abre la posibilidad a que otras mujeres puedan entregar sus testimonios y acudir a la justicia.
Por Andrea Pozo, Radio JGM
