Cuatro países de la región han legislado para protegerles. En Chile existe un protocolo de atención, pero no un dispositivo de reparación. Niñas, niños y adolescentes que se enfrentan al trauma de perder a sus madres –muchas veces por culpa de sus padres- quedan también abandonados médica y económicamente.
No existen estadísticas oficiales que los contabilicen, ni leyes que los protejan particularmente. Para saber cuántos son, la única posibilidad es investigar en las historias de sus madres, datos construidos para este reportaje.
En ese contexto, dolor y trauma son solo una parte de la historia. A partir del momento en que pierden a su madre, se empieza a escribir un nuevo guión, uno en el que el Estado no es protagonista de su protección: ¿Quién se hace cargo de ellos?, ¿Cómo se sustentan económicante?, preguntas que se abren ante la incertidumbre de la pérdida materna.
La violencia de género es una realidad que comparte el continente. Estadísticas del Observatorio de Igualdad de Género de Cepal indican que Latinoamérica tiene las mayores tasas de femicidio a nivel mundial.
En conferencia de prensa, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, reconoció que se trata de un problema cultural:
Isabel Puga, directora nacional del Colegio de Psicólogos, apunta a la necesidad de políticas públicas preventivas: “Partir desde la educación, es la única forma de enseñarle a nuestros niños a no repetir el patrón machista del continente”. Además de ser, “la manera más efectiva de proteger a niños, niñas y adolescentes de la pérdida de sus madres”.
Tres países de América Latina tienen legislaciones de femicidio en las que se incluye el trabajo de reparación para los hijos e hijas de estas mujeres. El último en aprobarla fue la capital argentina que normó el trabajo con las víctimas residentes en la ciudad de Buenos Aires.
Ada Rico, encargada de la Casa del Encuentro de Argentina, explicó en su momento que ésta incluye una pensión de 7.246 pesos argentinos (u$ 300, aproximadamente) mensuales hasta cumplir la mayoría de edad. “Algo que va a ayudar a muchos chicos de Capital”.
Uruguay también tiene un protocolo de que incluye una pensión para los hijos de fallecidos en contexto de violencia doméstica que equivale a poco más de $215 mil pesos chilenos.
¿Qué ocurre en Chile?
“Todo lo que tiene que ver con niños que están vinculados a madres asesinadas en virtud de la comisión de delitos de femicidio tienen, inicialmente, un soporte en términos de apoyo y de protección que brinda el Ministerio Público” Así lo explicó Patricia Muñoz, defensora de la niñez.
Entrevistada en el programa Semáforo de nuestra emisora, la profesional hizo referencia al Protocolo Intersectorial de atención a víctimas del femicidio, circuito que se activa en coordinación de diferentes instituciones.
Circuito Intersectorial de Millaray Mercado
Circuito Intersectorial 2 de Millaray Mercado
Muñoz insiste en que es necesario profundizar “el desarrollo con que toda la red pública trabaja en el ámbito de salud (reparación o atención psicológica) como en el ámbito social (soporte emocional y cómo se mantienen vinculados a su familia de origen)”, aspectos que deben ser revisados en el trabajo de tribunales de familias y toda la red pública que se encarga de dar cumplimiento a estos derechos.
Misma opinión tiene María José Castillo, abogada de la Corporación Humanas, quien asegura que el principal problema es que los programas no están unificados. “El Protocolo se activa cuando el abogado de Sernameg llama a la familia de la víctima y pesquisa si hay hijos. Desde la Oficina de Protección de Derechos estos niños son enviados al programa de Sename encargado de las víctimas de violencias extremas, donde solo se piensa en contención y no en una educación que apunte a no repetir estos patrones de violencia”.
Para Lorena Astudillo, abogada de la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres, el Estado se desentiende de este grupo poblacional, “el más invisible dentro del circuito del femicidio”.
Isabel Puga, quien también es especialista en psicología de la niñez y adolescencia, el trabajo que se hace, “no es suficiente”, principalmente porque se necesitan dispositivos que trabajen con la familia extendida de las víctimas: “contener a los que contienen”, es fundamental para transitar de buena forma el duelo.
María José Castillo insiste en el punto: “El programa está mal orientado porque separa el trabajo en distintas instituciones. Además, este tipo de programas no está disponible en todas las regiones, por lo que hay muchos que quedan fuera de la ayuda si es que no se pueden trasladar”
Femicidio en datos
El Atlas de Género elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que Aysén, Los Ríos y la región del O´Higgins presentan altas tasas del delito. Para María José Castillo, abogada de Corporación Humanas, el aislamiento geográfico explica el aumento de violencia: “En estos sectores aislados, con alta ruralidad, predominan más las culturas machistas y las actitudes violentas son más toleradas socialmente”.
Desde Humanas apuntan a que “sin avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres es imposible resguardar la vida futura de sus hijos, víctimas secundarias del delito de género”.
Una de las propuestas es promover una ley que abarque la violencia en todas sus dimensiones, dejando de lado lo que ofrece la de Violencia Intrafamiliar, “redactada para proteger a todos los miembros de la familia, sin especial énfasis en las mujeres”, advierten desde Humanas.
La Defensora de la Niñez recalca la importancia de trabajar “de mejor forma” con todo tipo de víctimas: “Tenemos una deficiencia en lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas, en términos generales. Eso también impacta a víctimas en este caso particular. Es necesario asumir el desafío de avanzar legislativamente en ámbitos que sean capaces de hacerse cargo de las necesidades que enfrentan las víctimas, pero también de la infancia en general”.
*Trabajo publicado originalmente en sitio del diplomado de Periodismo Digital de la Universidad Católica.
