Este 10 de diciembre se conmemoraron 74 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento histórico que reconoció la universalidad de los derechos humanos y la igualdad de las personas.
La frase “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” ha sido una fuente de inspiración para que millones de personas en el mundo nos movilicemos para dotar de sentido y fuerza estas palabras para hacerlas realidad, a pesar de las opresiones, desigualdades y discriminaciones que vivimos.
Seguimos pensando que los derechos humanos permiten concretar los ideales de dignidad, libertad y justicia para mujeres, indígenas, disidentes, con discapacidades, pobres o pertenecientes a cualquier grupo o colectivo ubicado en la categoría de “los y las condenados en la tierra”.
Aún para quienes ingresamos de manera fragmentada o precarizada a la universalidad e igualdad en materia de derechos humanos, la Declaración sigue siendo un referente. En 30 artículos y en múltiples frases, se plasmó un enunciado completo: los derechos humanos no deben ser vulnerados y se debe exigir su cumplimiento por parte de los Estados.
Dos días después de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 12 de diciembre de 2022 se firma el “Acuerdo por Chile”, compromiso que aunó el consenso de un amplio grupo de partidos políticos, parlamentarios/as de ambas Cámaras e integrantes del Poder Ejecutivo para dar curso a un nuevo proceso constituyente.
Desde una perspectiva política-coyuntural, el Acuerdo puede ser analizado desde distintas aristas: si fue lo menos malo que se pudo conseguir, sí recoge o no el mandato popular, sí los bordes son o no cortapisas para la soberanía popular, y así suma y sigue.
Considerando que los derechos humanos constituyen la base de cualquier Estado que coloque la dignidad de las personas al centro de su quehacer, el nuevo texto constitucional deberá superar los déficits de derechos humanos del actual, elaborado y ratificado en el contexto de una dictadura cívico militar. El proceso constituyente sigue siendo una oportunidad para avanzar sustantivamente en la promoción y protección de los derechos humanos, en especial de los derechos de las mujeres.
Columna de Paula Salvo del Canto, abogada de Corporación Humanas, para La Neta.
