“¿Usted cree que eso es un derecho?”, preguntó el agente de migración de Panamá que revisó mi pasaporte. “Sí, señor. Así lo creo”, respondí. “Yo tengo mis dudas”, dijo mientras tomaba mis huellas dactilares. Selló mi documento y me dejó pasar con la mirada amenazante. Así nos ha recibido Panamá a las personas que asistimos a la VII Conferencia por el derecho al aborto que organiza el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI). Un encuentro que ha agrupado a cientos de organizaciones, profesionales de la salud, abogadas, periodistas y activistas para dialogar, debatir y compartir la situación del derecho de las mujeres a tener un aborto seguro, público y gratuito en toda la región.
Aunque los avances son notorios y muy importantes. Ahí están las legislaciones de Argentina, México o Colombia como ejemplo, las amenazas son constantes y los grupos antiderechos no descansan. Es importante no apartar la vista de otras realidades que nos devuelven a una región todavía insegura, violenta y desigual para abortar en la mayoría de países. En palabras de la activista Morena Herrera, de El Salvador: “Hay que empujar todas para que ninguna se quede atrás”. Es decir, lograr mejores condiciones en los lugares más restrictivos, tomando como ejemplo a quienes han logrado la despenalización.
En Latinoamérica, todavía existen países en los que una mujer no puede abortar aunque haya sido violada, corra peligro su vida o el feto tenga malformaciones. Estos son Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Haití, Surinam y Jamaica, de acuerdo a información del Centro para los Derechos Reproductivos.
Pero no es lo único. Durante la conferencia, más de 26 organizaciones presentaron el informe Leyes y Sombras. Regulación del aborto en Latinoamérica, que revela que existe toda una gama de grises en muchos de los países que permiten abortar por determinadas causales que al final acaban poniendo obstáculos para que esto suceda. Si algo hemos aprendido sobre las leyes en la región es que hay una larga distancia entre su redacción y su aplicación. Un impedimento para que las mujeres puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. Este es el caso de Guatemala, Perú o Costa Rica. También sucede en Venezuela, donde las legislaciones son más restrictivas y solo despenalizan el aborto en caso de que la vida o la salud de la embarazada corran peligro. Paraguay es otro de los países seriamente afectados por estas restricciones y donde las mujeres son sometidas a embarazos forzados.
También sucede en Panamá, el país de los rascacielos y el desarrollo económico, que continúa a la zaga en esa cuestión. En Panamá, las mujeres tienen que pasar por una comisión multidisciplinaria para poder abortar. Solo les daré un dato más: desde 2018, el Comité de la ONU por los Derechos del Niño recomendó que Panamá despenalizara el aborto para proteger precisamente los derechos de las niñas y las adolescentes. En 2021, el 14% de los nacimientos fueron de niñas madres, según la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA). También en ese año se cometieron más de 6.000 delitos sexuales, la mayoría contra niñas y jóvenes.
Otros países como Chile, Ecuador o Brasil incorporan en sus códigos penales las variables de violación o inviabilidad del feto. Sin embargo, el informe señala que ningún país, ni siquiera los que tienen despenalizado el aborto hasta un número determinado de semanas, reconocen de manera plena la voluntad de las mujeres tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), los movimientos de mujeres y feministas, al margen de los prejuicios de los grupos conservadores y religiosos. “Vivimos en democracias demasiado frágiles, tomadas por la arbitrariedad y eso es un campo de cultivo para que los grupos ultras avancen para imponer una manera particular de ver este problema”, señala Susana Chávez, directora de CLACAI.
Ante retos como estos, el avance de la telemedicina y de los grupos de acompañamiento para abortar en casa con medicamentos se está convirtiendo en la alternativa de miles de mujeres que viven lejos de un hospital o en lugares muy restrictivos. No es algo que digan solo las feministas, también lo señala la OMS en sus Directrices para la atención del aborto. “El aborto médico ha revolucionado el acceso a la atención para el aborto de calidad en todo el mundo. Los medicamentos que se emplean para provocar el aborto pueden administrarse de forma segura y eficaz en un establecimiento de salud o autoadministrarse en otro lugar (por ejemplo, en el hogar) si se cuenta con una fuente de información precisa y con medicamentos de calidad garantizada”.
Es por eso que es importante sacar al aborto de las estigmatización y hablar de él desde otras perspectivas como la salud pública, la autonomía y los derechos humanos. El mismo día que se cumplía un año de la anulación de la sentencia en Estados Unidos Roe vs Wade, que garantizaba el derecho al aborto desde 1973, cientos de mujeres se reunían en Centroamérica para seguir con esa misma lucha. En palabras de la activista salvadoreña Morena Herrera: “Estamos en escenarios difíciles en varios países. Sin embargo, veo una fuerza que avanza, generando información, evidencia científica y confirmación de que trabajar y luchar por la justicia reproductiva es la mejor posibilidad del bienestar para todas las personas”.
Me quedo con otra frase de ella: “No todo pasa por las leyes. La despenalización de las conciencias, la información y el acceso a las redes de acompañamiento también salva la vida de las mujeres”.
Publicado por El País. Panamá 25 de junio de 202.
