A través de una carta, las organizaciones piden al Presidente Gabriel Boric hacer uso de esta facultad para frenar su promulgación, debido a que criminaliza a personas de bajos recursos y permite el uso de la violencia a través de la “legítima defensa privilegiada”.
Santiago, 14 de septiembre, 2023.- En una carta entregada al presidente de la República, Gabriel Boric, más de 50 organizaciones sociales expresaron su profunda preocupación por la aprobación del proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles fijando nuevas penas y solicitaron ejerza su facultad de veto establecida en el artículo 73 de la Constitución Política de Chile.
Quienes suscribieron la misiva advirtieron que Chile enfrenta una grave emergencia habitacional, con 113.887 familias y 1.290 campamentos, así como una deuda histórica con los pueblos originarios, en materia de restitución de tierras usurpadas por el Estado y particulares. Todos estos asuntos tienen una alta relevancia social y exigen soluciones efectivas a través de leyes y políticas públicas con enfoque de derechos, ya que abordarlos desde la política criminal es ineficaz y profundiza el problema.
Las organizaciones sociales plantean, entre sus principales preocupaciones, que se apliquen idénticas penas tanto a la violencia o intimidación en las personas como a la fuerza en las cosas, trastocando principios jurídicos asentados en nuestra legislación. Por otra parte, el ejercicio de la autotutela por parte de propietarios/as de inmuebles ocupados, permitiéndoles expulsar de forma violenta a las personas y amenazando la vida e integridad de hombres, mujeres, niñas y niños.
También es importante consignar que las sanciones que contempla la ley en cuestión no distingue entre las personas que no tienen donde vivir y de aquellas que lucran con las familias que aspiran a una vivienda digna. Asimismo, la criminalización de los sectores más empobrecidos de este país, que enfrentarán penas de cárcel y sanciones desproporcionadas, es una materia de especial preocupación para las organizaciones sociales que firman la carta.
Junto a ello se suman la criminalización de las reivindicaciones de tierras por parte de pueblos originarios y la criminalización de manifestaciones históricas de protesta social, como las tomas de inmuebles u ocupación de terrenos por parte de estudiantes y otros grupos.
Recordemos que a fines del mes de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que sanciona las ocupaciones ilegales de viviendas o terrenos, el cual busca sancionar con cárcel a quienes se vean investigados por este delito, junto con permitir la “legítima defensa privilegiada” de quienes sean dueños de la propiedad.
El objetivo principal del gobierno sigue siendo eliminar la mencionada “legítima defensa privilegiada”, que le otorgaba a un privado el derecho de poder recuperar por la fuerza propia (sin auxilio de Carabineros) su propiedad usurpada. Ese principio, sumado a la figura de la “flagrancia permanente” (es decir, mientras dure la toma, el delito se sigue cometiendo), permitiría a particulares proceder en cualquier momento para rescatar sus inmuebles.
Quienes firmaron esta petición, tienen la profunda convicción que ninguno de los problemas previamente señalados se resuelve a través del derecho penal, sino que a través de un Estado social que reconozca que el derecho a una vivienda adecuada como un derecho humano y que los pueblos originarios requieren políticas de reparación en materia de tierras y territorios.
Revisa la carta entregada al Presidente Gabriel Boric
