• Frente a la votación del proyecto de ley sobre despenalización del aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación ante la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, previsto para este martes 28 de septiembre, organizaciones feministas y de mujeres llaman a su aprobación
• Se espera que el Congreso Nacional legisle en esta oportunidad en base a los derechos de las mujeres y las niñas, protegidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país, en lugar de las convicciones morales personales de las y los congresistas
Santiago de Chile, otros territorios, 27 de septiembre de 2021.- La dictación de la ley Nº 21.030 sobre aborto en tres causales constituyó un gran avance en el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en Chile, al permitir la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar la atención de salud en casos de riesgo vital, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, se trata de una legislación limitada que solo resguarda a las mujeres en situaciones excepcionales y definidas de manera muy estricta, manteniendo severas sanciones penales a quienes deciden interrumpir sus embarazos por fuera de las tres causales.
La actual legislación no cautela el derecho a decidir ni la maternidad voluntaria de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, ni reconoce su condición de sujetas de derecho, sino únicamente a quienes se encuentren en alguna de las causales legales, supeditado a la decisión de los equipos de salud que así lo confirmen.
Cabe resaltar que con posterioridad a la ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, continúan vigentes sanciones penales de tres años y un día a cinco años (presidio menor en grado máximo) para las mujeres que “fuera de los casos permitidos por la ley, causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause” (Código Penal, Art. 344 inc. 1).
Por ello, en agosto de 2018 se presentó ante la Cámara de Diputadas y Diputados una moción parlamentaria que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación, que contó con amplio respaldo de organizaciones feministas y de mujeres, y de congresistas, más allá de quienes suscribieron formalmente la iniciativa. Atendidas las limitadas atribuciones con que cuentan en el país las y los congresistas, no fue posible en la oportunidad ingresar a trámite legislativo una propuesta integral sobre el derecho a decidir y garantías de atención de salud, sino únicamente una moción sobre despenalización.
Mantener vigentes sanciones penales para las mujeres que abortan limita su autonomía para decidir sobre sus vidas, desconociendo su condición de sujetas de derecho y soberanas de sus cuerpos. Mantener vigentes sanciones penales no reduce la práctica del aborto, pero estigmatiza a quienes así lo deciden y les obliga a la clandestinidad.
La amenaza del castigo penal no disuade a las mujeres que requieren abortar, pero profundiza las desigualdades sociales, exponiéndolas a riesgos para su vida y su salud e incluso a la posibilidad de ser denunciadas y verse envueltas en un proceso criminal. Estos riesgos que impone la criminalización afectan en mayor medida a las mujeres más vulnerables, como las niñas y adolescentes, las mujeres que no cuentan con recursos económicos, las mujeres migrantes y quienes habitan en territorios alejados, entre otras.
Llamamos a las y los congresistas a legislar conforme a los derechos de las mujeres y las niñas, protegidos por los tratados internacionales de derechos humanos vigentes, y no solo en base a sus creencias morales personales, de cara al país, a la ciudadanía y especialmente de frente a las mujeres y niñas cuyos derechos les corresponde asegurar.
Las mujeres y quienes defendemos los derechos humanos esperamos que en Chile se ponga fin a la criminalización del aborto y que no se persiga más a ninguna mujer, a ninguna niña, a ninguna adolescente ni a ninguna persona con capacidad de gestar, por interrumpir un embarazo, por decidir sobre su maternidad y proyecto de vida.
Queremos que en Chile la Constitución y las leyes protejan a todas las mujeres.
