Santiago de Chile, octubre (Especial de SEMlac).- Ante la imposibilidad legal de interrumpir embarazos en Chile en todos los casos, organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos señalaron el pasado 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en Latinoamérica, que su criminalización es una de las más graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
La fecha internacional fue acordada en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina en 1990, y hoy, 25 años después, las mujeres en Chile y Latinoamérica siguen luchando por una maternidad libre y voluntaria. Todavía en este país, El Salvador, Nicaragua, Haití y Honduras, el aborto es penalizado bajo cualquier circunstancia.
Según datos de la CEPAL, 97 por ciento de los países del mundo permite esta práctica para salvar la vida de la mujer y solo tres por ciento de países la mantiene completamente penalizada.
Para cambiar esta situación, el 28 de septiembre 19 organizaciones que defienden los derechos humanos y reproductivos de las mujeres se reunieron en Plaza Italia para juntar firmas y concientizar a la población sobre la despenalización del aborto bajo tres causales, proyecto que actualmente se discute en el Congreso.
Melissa Sepúlveda, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chille, participó de esta iniciativa y señaló que esta nación tiene uno de los escenarios más críticos, por lo que la manifestación “es una instancia de convergencia de varias organizaciones que están luchando por los derechos de las mujeres a decidir. Poner en la palestra el tema del aborto es sano para el debate”, consideró.
Aborto por tres causales
El aborto terapéutico existió en Chile por más de 50 años, lo que permitía -en la práctica- interrupciones de embarazos incluso por razones socioeconómicas, siempre que una junta médica lo autorizara. La penalización total del aborto se instauró en 1989, poco antes que finalizará la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), promovido por los sectores Opus Dei de la derecha.
Actualmente, y luego de 15 mociones que no tuvieron acogida, se encuentra en debate un proyecto de despenalización de las interrupciones bajo tres causales: violación, riesgo de vida de la mujer e inviabilidad fetal, iniciativa que fue despachada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a mediados de septiembre, luego de una larga discusión.
Este despacho antecedió a una serie de indicaciones realizadas a la propuesta presentada por el Ejecutivo, que incluían condiciones de acompañamiento no disuasivo para las mujeres y rebaja en la edad gestacional de las menores de 14 años que hayan sido violadas, desde las 18 semanas propuestas por el Ejecutivo a las 14 acordadas por la Comisión, en el entendido de que las niñas muchas veces no saben que están embarazadas y que, en una parte relevante de los casos, el violador forma parte de su núcleo familiar.
Por esto, y por la insistencia de la derecha en la importancia de denunciar al violador y las insinuaciones sobre la veracidad de las mujeres que testimonien haber sido violentadas sexualmente, la causal de violación ha sido la más debatida por la Comisión y en los partidos derechistas.
Tras el trámite recién realizado, el proyecto pasará a las comisiones de Constitución y Hacienda, para ser votado en la Sala de Diputados a comienzos de este mes.
Opinan las feministas
Para Camila Maturana Kesten, abogada de la Corporación Humanas, este proyecto tiene posibilidades de llegar a término, en tanto “hace parte de un Programa de Gobierno de una coalición integrada por varios partidos y ello le impone un respaldo político que ofrece mejores oportunidades a su aprobación”, según indicó a SEMlac.
Para Camila, este texto, aún no reconociendo la plena autonomía para las mujeres, es relevante en tanto evita que un grupo de ellas siga sufriendo tortura, puesto que “en rigor, obligar a una mujer a seguir adelante con un embarazo resultado de la violencia sexual, o que significa un riesgo para su vida o es inviable, constituye un embarazo forzado que los órganos de Naciones Unidas han definido que constituye una forma de tortura especialmente grave porque es impuesta por el propio Estado”.
“Por ello, consideramos que este proyecto representa el mínimo ético que el Parlamento chileno debe debatir y aprobar para proteger los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente en lo referido a violencia sexual”, concluyó.
Este mínimo ético también es señalado por las organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos, que realizaron una declaración pública el día 28, al indicar que esta fecha interpela a los gobiernos latinoamericanos “por las más de 6.000 mujeres que cada año mueren por complicaciones de aborto y por los 55.000 abortos inseguros que se realizan diariamente en países que penalizan su realización”, y que debatir y legislar sobre tal práctica “para proteger los derechos de las mujeres constituye un imperativo democrático ineludible”.
“Resguardar al menos las tres causales propuestas por el Gobierno y garantizar a mujeres y niñas la atención médica e interdisciplinaria que el proyecto contempla, es el mínimo ético que el Congreso Nacional debe reconocer y aprobar”., indicaron.
Recordaron también que hace 15 años se encuentra detenido en el Congreso Nacional el proyecto de Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, iniciativa que establece las bases normativas generales para la protección de la salud sexual y reproductiva, así como el reconocimiento, garantía, protección y promoción del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población.
El comunicado fue firmado por Amnistía Internacional-Chile, Asociación Chilena de Protección de la Familia; Corporación Humanas; Fondo Alquimia; Observatorio de Género y Equidad, entre otras organizaciones y personas.
Gloria Leal, directora ejecutiva del Instituto de la Mujer, indicó a SEMlac: “Lo que quisiéramos es aborto libre, seguro y gratuito garantizado por el Estado y que sea una decisión de las mujeres; sin embargo, la aprobación de este proyecto de ley es un mínimo ético, pese a que representa los casos de solo tres por ciento de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos en la actualidad”.
Agregó que este proyecto restituye un derecho que las mujeres perdieron con la dictadura y que, de ser aprobado, sería un precedente para que estas decidan sobre sus cuerpos y un avance respecto de los derechos de las humanas.
No obstante, no todas las feministas están de acuerdo en el avance que significaría este proyecto. Para la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
“Mantener la criminalización del 95 por ciento de las mujeres que abortan no es, en lo más mínimo, ético. Consideramos que un mínimo ético es que el Estado y la sociedad dejen de criminalizar a las mujeres, tanto en el sistema judicial, el de salud y en la estigmatización y silencio que impone una cultura machista enraizada en las instituciones educativas, religiosas, medios de comunicación y familias”, ha difundido la red en un comunicado.
Una visión crítica planteó también la Coordinadora de Feministas de Temuco, ciudad ubicada en el sur del país, según la cual el objetivo de la convocatoria para el 28 de septiembre fue “posicionar en las calles nuestro derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, pues consideramos que no basta con las tres causales que propone el gobierno”.
Para Camila Maturana, la importancia de despenalizar el aborto en todos los casos es que “las mujeres somos agentes morales capaces de decidir por nosotras mismas respecto de algo tan básico como es el propio plan de vida. La maternidad puede ser una experiencia maravillosa, pero la condición básica para ello es que sea producto de la libre decisión de la mujer y no impuesta por la violencia ni por la coerción estatal”.
“Por ello se requiere abolir las leyes que criminalizan el aborto, que niegan esta condición humana propia de las mujeres y que nos condenan de antemano a la clandestinidad, imponiendo los graves riesgos que conlleva el aborto inseguro y el estigma social a las mujeres por ejercer su derecho a decidir”, afirmó.
Las encuestas señalan que más del 70 por ciento de las mujeres está de acuerdo con despenalizar el aborto en los tres casos señalados por el proyecto de ley.
En el estudio realizado por Corporación Humanas a fines del año pasado, lo acepta 79 por ciento cuando corre riesgo la vida de la mujer, 74 cuando un hijo tiene pocas probabilidades de sobrevivir al parto, y casi 73 si el embarazo es resultado de una violación.
En este mismo estudio, 52 por ciento de las mujeres que viven en Chile considera que el aborto no es un delito y, por tanto, no debiera criminalizarse, y una de cada tres admite haberse practicado un aborto o conocer a alguien que lo haya hecho.
