En marzo, las feministas conmemoramos la lucha histórica de las mujeres trabajadoras parar ser reconocidas como sujetas de derecho y ser libres de toda forma de opresión y violencia. Este año, la conmemoración adquiere un carácter especial, pues coincide con los 50 años del golpe cívico-militar de 1973.

El hito de los 50 años representa una oportunidad para evaluar nuestro proceso de justicia transicional y visibilizar el rol que hemos jugado las mujeres en el devenir político de estas décadas.

Las mujeres pusieron el cuerpo y lideraron la defensa de los Derechos Humanos durante la dictadura a través de las organizaciones de familiares que, sin descanso, han exigido verdad, justicia y reparación. De igual modo, las organizaciones de mujeres y feministas contribuyeron a la recuperación de la democracia impulsando movilizaciones pacíficas y masivas, como el Caupolicanazo de 1983, denunciando la falta de democracia en el país y en la casa.

Una vez finalizada la dictadura, las organizaciones feministas desplegaron distintas estrategias para que la experiencia de las mujeres durante la represión no quedara obturada en un relato neutro y totalizante.

En efecto, la violencia político sexual cometida contra las mujeres detenidas durante la dictadura ha sido un secreto a voces muy difícil de nombrar e incorporar en la memoria común sobre los efectos que la dictadura cívico-militar tuvo en el país. La cultura machista normaliza estas agresiones y las mantiene ocultas como expresión de violencia, minimizando su importancia y generando, en las sobrevivientes, sentimientos de vergüenza y culpa que impiden sacarla a la luz.

A pesar de estas barreras, son muchísimas las sobrevivientes que han alzado la voz para denunciar ocurrido. Así lo recogió la Comisión Valech I:

“Esta Comisión recibió el testimonio de 3.399 mujeres, correspondiendo al 12,5% de los declarantes. Más de la mitad de ellas estuvieron detenidas durante 1973. Casi todas las mujeres dijeron haber sido objeto de violencia sexual sin distinción de edades y 316 dijeron haber sido violadas. No obstante, se estima que la cantidad de mujeres violadas es muy superior a los casos en que ellas relataron haberlo sido, por las consideraciones anteriores y porque existen numerosos testimonios de detenidos que señalan haber presenciado violaciones, cometidas en una gran cantidad de recintos de detención. La tortura sufrida por las mujeres menores de edad y por aquellas que se encontraban embarazadas subraya la brutalidad ejercida y la gravedad de las consecuencias que les han afectado. Cabe señalar respecto a estas últimas que 229 mujeres que declararon ante esta Comisión fueron detenidas estando embarazadas y 11 de ellas dijeron haber sido violadas. Debido a las torturas sufridas, 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos en presidio.” (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005, pág. 291).

El carácter sistemático y generalizado de la violencia sexual devela su propósito disciplinador en tanto castigo a aquellas mujeres que dejaron el espacio privado socialmente asignado para salir al ámbito público y político. Esta transgresión al cuerpo y la sexualidad cometida por agentes del Estado conlleva un mensaje dirigido a todas las mujeres, no solo a las víctimas directas, acerca de su rol subordinado y circunscrito al espacio privado, que ninguna mujer debe contravenir. Por lo tanto, busca disuadir la participación política de mujeres pues en el orden de género tradicional lo público-político es un espacio que no les corresponde.

A pesar de la regla tácita de silencio que rodea este tipo de crímenes, las organizaciones feministas han realizado una importante contribución para situar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad a nivel internacional y nacional. Así, por ejemplo, organizaciones como La Morada, el Instituto de la Mujer y Corporación Humanas llevaron a cabo proyectos de investigación orientados a visibilizar las condiciones socio-culturales que facilitan y mantienen oculta la violencia sexual. Esos estudios representan un significativo aporte en la elaboración de la verdad histórica, sistematizando y difundiendo los testimonios de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual como método de tortura.

En el ámbito de la justicia, Corporación Humanas interpuso en 2010 las primeras querellas por violencia sexual como tortura ante los tribunales. Estas acciones judiciales tienen como propósito reconocer las violaciones a los derechos humanos que vivieron las mujeres, por el hecho de ser tales, y obtener reparaciones adecuadas, en un contexto de bajísima judicialización de este tipo específico de delitos. Dada la escasa relevancia que se le asigna a la tortura en general, y a la violencia sexual en particular, el camino judicial no ha sido fácil, y luego de más de 13 años de litigio las sobrevivientes siguen a la espera de una sentencia firme que ponga fin a la impunidad endémica de la violencia sexual y haga realidad una justicia que ha sido esquiva por tantas décadas.

La valentía de las sobrevivientes de violencia político sexual para hablar sobre sus experiencias y judicializar sus casos, con el objetivo de visibilizar esta violación a los Derechos Humanos y de contribuir a que a otras mujeres no corran la misma suerte, son actos de resistencia política, porque se orientan a superar el silencio y el olvido. Estos seis meses que restan para la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar representan una oportunidad para reconocer a las sobrevivientes en su calidad de defensoras de Derechos Humanos y sentar bases sólidas de garantías de no repetición. La gravedad de la violencia político sexual nos exige no sólo no olvidar, sino también mantenernos alertas y activas frente a una violencia que contra las mujeres no ha acabado.

Referencias

 

Por Mariela Infante Erazo
Socióloga. Corporación Humanas. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

Columna de opinión publicada en Descentrados